La abogada Karina Riquelme Viveros, en representación de la familia Chuñil, ingresó este lunes 9 de marzo un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones dirigido contra el Ministerio Público y Carabineros de Chile.
La acción judicial apunta específicamente a la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), acusando irregularidades que afectarían la seguridad y privacidad de los familiares de Julia Chuñil Catricura, quien permanece desaparecida.
El recurso se fundamenta en tres ejes principales relacionados con la vigilancia del domicilio donde Janet Troncoso cumple arresto domiciliario total. En dicho inmueble también residen la sobrina y la nieta de Julia, quienes tienen a su cargo a menores de edad.
La defensa sostiene que el uso de tecnologías de vigilancia en las inmediaciones del hogar ha generado un estado de angustia constante en el núcleo familiar.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el sobrevuelo de drones (vehículos aéreos no tripulados que pueden ser controlados de forma remota y suelen portar cámaras de alta resolución) sobre el patio y la vivienda de la familia.
Según la abogada Riquelme, para utilizar estos aparatos en lugares privados se requiere una autorización judicial previa y el permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), requisitos que no se habrían cumplido o transparentado en este caso.
La jurista señaló que, ante las consultas realizadas, el Ministerio Público no ha entregado explicaciones sobre quién opera estos dispositivos ni se ha iniciado una investigación por su uso potencialmente ilegal.
"Afecta la privacidad y mantiene una constante angustia", afirmó la profesional, enfatizando que la situación perjudica tanto a adultos como a los niños que habitan el domicilio.
Por su parte, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo Sáez, fue categórico al desmentir estas acusaciones ante el tribunal.
El representante del ente persecutor aseguró que ni la Fiscalía Regional ni las fiscalías locales han dispuesto diligencias que involucren el sobrevuelo de drones en dicho inmueble, argumentando que la acción legal carece de base al no existir una conducta institucional que afecte la libertad personal de las recurrentes.
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El recurso de amparo también denuncia presuntas coacciones y amenazas durante la toma de declaraciones a dos familiares de la mujer desaparecida. La defensa argumenta que las policías habrían ejercido presión sobre los testigos, ofreciendo supuestos beneficios o amenazando con la apertura de causas penales dependiendo del tenor de sus testimonios.
Riquelme detalló que a una de las familiares se le habría indicado que ya existía una causa en su contra por obstrucción a la investigación, tramitada por la misma fiscal que lidera el caso principal. "Aquellos que no declaran lo que la fiscal quiere, se les abre una investigación de oficio, y eso nos parece grave", manifestó la abogada, cuestionando la objetividad del proceso judicial.
Al respecto, desde la Fiscalía se indicó que las conductas reclamadas se dirigieron principalmente hacia Carabineros. La policía uniformada, a través de su equipo jurídico, descartó los hostigamientos y contextualizó las actuaciones dentro de una causa vigente. El vocero Aguayo subrayó que todas las diligencias investigativas cuentan con el debido respaldo y autorización judicial.
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A 56 días de haber iniciado las labores de rastreo en terreno, la familia ha manifestado su voluntad de que la búsqueda de Julia Chuñil se extienda el tiempo que sea necesario. Sin embargo, han solicitado que el Estado se haga responsable de los daños materiales ocasionados en la vivienda original de Julia tras las pericias policiales, la cual aún presentaría signos de ocupación por parte de efectivos debido a ruidos y luces nocturnas.
En cuanto a la estrategia de defensa, la abogada adelantó que están trabajando en informes periciales (estudios técnicos realizados por expertos en una materia para servir como prueba ante un juez) para solicitar la revisión de medidas cautelares de sus representados, quienes se encuentran imputados por parricidio y homicidio. La defensa reclama dificultad para acceder a la totalidad de las evidencias, mencionando específicamente la reserva de interceptaciones telefónicas.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que las diligencias para dar con el paradero de Julia Chuñil no han cesado y se desarrollan en diversos sectores de la región.
El Ministerio Público evaluará próximamente si solicita una ampliación del plazo de investigación, asegurando que el objetivo primordial sigue siendo localizar a la mujer desaparecida bajo un estricto apego al derecho. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
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